El informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia aborda la transposición de la Directiva (UE) 2019/1151 al ordenamiento jurídico español. Esta directiva modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades.
El informe destaca la importancia de la transformación digital en la Administración de Justicia, acelerada por la pandemia del COVID-19, y subraya la necesidad de garantizar la protección de datos personales en este proceso. La AEPD enfatiza que la protección de datos debe ser uno de los principios básicos que guíen la utilización de tecnologías de la información en la justicia digital.
Se señala que el anteproyecto debe incluir un análisis de riesgos y, en su caso, una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD) para identificar las garantías necesarias. Además, se deben establecer medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales, incluyendo la pseudonimización, el cifrado y la anonimización.
El informe también aborda las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, como la eliminación del apercibimiento del catálogo de sanciones y la introducción de un nuevo artículo que habilita y regula la realización de actuaciones de investigación a través de sistemas digitales.
Se subraya la necesidad de que la ley recoja garantías específicas para la protección de datos, como la anonimización de datos en tratamientos para finalidades distintas al propio proceso judicial, y la delimitación clara de quiénes pueden tener acceso al expediente judicial electrónico.
Finalmente, el informe destaca la importancia de adaptar los procedimientos de la AEPD a la nueva realidad tecnológica y al incremento de reclamaciones, proponiendo la introducción de un procedimiento específico de apercibimiento más flexible y rápido, así como la regulación de inspecciones remotas y el aumento de los plazos de tramitación de procedimientos sancionadores y de actuaciones previas de investigación.