El informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aborda la adecuación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) de los tratamientos de datos personales realizados por los Centros Especiales de Empleo (CEE) en relación con los trabajadores discapacitados. El informe se centra en dos aspectos principales: la comunicación de datos a las Oficinas de Empleo de las Comunidades Autónomas (OECA) y la posibilidad de negarse a aportar documentación ya en poder de las administraciones.
### Comunicación de Datos a las OECA
El informe analiza si la comunicación de expedientes extraordinarios de supervisión, detalles individualizados del seguimiento y acciones realizadas con cada trabajador discapacitado a las OECA es adecuada al principio de minimización de datos. La AEPD concluye que exigir información adicional a los certificados de discapacidad y dictámenes técnicos facultativos resulta excesivo y contrario al principio de minimización. Las OECA deberían limitarse a solicitar información estrictamente necesaria para cumplir con sus funciones de inscripción y fiscalización.
### Principio de Minimización y Necesidad del Tratamiento
La AEPD destaca que los CEE deben contar con equipos multidisciplinares que pueden realizar evaluaciones más adecuadas y eficaces para determinar las necesidades de adaptación de los trabajadores discapacitados. El Dictamen Técnico Facultativo (DTF) contiene información que puede ser más amplia y detallada de lo necesario para los servicios de ajuste personal y social, lo que puede resultar lesivo para la privacidad de los trabajadores. Por lo tanto, se recomienda utilizar alternativas menos invasivas, como el Certificado de Capacidades o Informe de Aptitudes.
### Tratamiento de Categorías Especiales de Datos
El informe subraya que el tratamiento de categorías especiales de datos por parte de los CEE está justificado por el cumplimiento de obligaciones legales y la prestación de servicios de asistencia sanitaria y social. Sin embargo, este tratamiento debe ser proporcional y necesario, y debe respetar los principios de limitación de finalidad y minimización de datos.
### Derecho a No Aportar Documentos
En cuanto a la posibilidad de negarse a aportar documentación ya en poder de las administraciones, la AEPD señala que el artículo 28 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común permite a los interesados no aportar documentos que ya obren en poder de la administración. Sin embargo, esta disposición no se aplica a los trabajadores discapacitados, sino a los CEE como interesados en los procedimientos de subvención. Por lo tanto, los CEE podrían no aportar ciertos documentos, como los certificados de discapacidad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa específica de subvenciones.
### Conclusiones
El informe concluye que la comunicación de datos a las OECA debe ajustarse al principio de minimización, limitándose a la información estrictamente necesaria. Los CEE deben utilizar alternativas menos invasivas para evaluar las necesidades de adaptación de los trabajadores discapacitados. Además, los CEE pueden negarse a aportar documentación ya en poder de las administraciones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa de subvenciones. La AEPD subraya la importancia de proteger la privacidad de los trabajadores discapacitados y de garantizar que el tratamiento de sus datos sea proporcional y necesario.