El informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se centra en la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia, especialmente en el ámbito digital. El informe subraya la importancia de garantizar la integridad física, psíquica, psicológica y moral de los menores, y establece medidas de protección integral que incluyen sensibilización, prevención, detección precoz, protección y reparación del daño.
El informe destaca la relevancia del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Estos marcos legales son esenciales para proteger los datos personales de los menores, especialmente en un entorno digital donde las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser utilizadas para cometer actos de violencia.
La AEPD propone varias modificaciones al Anteproyecto de Ley para mejorar la protección de los menores. Entre ellas, se sugiere incluir una referencia específica a la «violencia digital» en la Exposición de Motivos y en el artículo 1.2, reconociendo las nuevas formas de violencia derivadas del uso de Internet y las redes sociales. Además, se propone la formación en el uso responsable de Internet y la inclusión de contenidos obligatorios sobre seguridad digital en el currículo educativo.
El informe también aborda la necesidad de garantizar la protección del derecho fundamental a la protección de datos en los protocolos de actuación. Se propone que estos protocolos contemplen actuaciones específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de nuevas tecnologías o dispositivos móviles, y se haya menoscabado la intimidad, reputación o el derecho a la protección de datos personales de los menores.
La AEPD subraya la importancia de la colaboración público-privada para detectar y retirar contenidos ilegales en las redes que supongan una forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes. Se propone la creación de un canal accesible y seguro de denuncia para menores de edad, permitiendo que estos puedan denunciar por sí mismos situaciones de violencia digital.
Finalmente, el informe aborda la creación del Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia, subrayando la necesidad de anonimizar los datos para proteger la privacidad de los afectados. También se analiza la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, asegurando que cualquier acceso a estos datos se haga de manera proporcional y con las garantías adecuadas para proteger los derechos fundamentales de los menores.