El informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se refiere al Proyecto de Real Decreto que establece el régimen electoral del Consejo de Policía, adaptándolo a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Este proyecto suprime los sistemas tradicionales de voto, implementando únicamente el voto electrónico y el voto por correo.
El informe destaca que el nuevo régimen electoral busca mayor agilidad y eficiencia, alineándose con la Sentencia del Tribunal Constitucional 120/2010 y la reforma de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Ley Orgánica 2/1986 garantiza el derecho de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía a constituir organizaciones sindicales y a participar en elecciones para designar representantes en el Consejo de Policía.
En cuanto al censo electoral, el proyecto establece que será único y ordenado alfabéticamente por escalas, incluyendo datos personales como nombre, apellidos, número de carnet profesional y documento nacional de identidad. El censo se publicará en la Intranet corporativa, y los datos no podrán ser empleados para fines distintos al proceso electoral. Se garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos, cumpliendo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.
El voto electrónico se realizará mediante la identificación del elector con su carné profesional o documento nacional de identidad y mecanismos de firma electrónica avanzada. El sistema disociará el voto del elector para garantizar la confidencialidad y seguridad, evitando el tratamiento de datos especialmente protegidos como la afiliación sindical.
El informe también aborda la seguridad del sistema, recomendando la aplicación de medidas de seguridad de nivel alto conforme al Real Decreto 1720/2007. Se establece que el fichero del censo electoral debe ser regulado adecuadamente, indicando sus finalidades y los datos que contendrá.
En resumen, el informe de la AEPD valida el Proyecto de Real Decreto, asegurando que se cumplen las normativas de protección de datos y se garantizan la confidencialidad, integridad y seguridad del proceso electoral. Se recomienda la adopción de medidas adicionales para asegurar la disociación de datos y la protección de la información personal de los electores.