El Informe 0539/2009 del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aborda la consulta sobre la legalidad de la cesión de información salarial a diversas entidades, en el contexto de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
La consulta se centra en determinar si las peticiones de información sobre sueldos y salarios realizadas a una entidad pueden ser atendidas sin vulnerar la mencionada ley. La transmisión de estos datos se considera una cesión de datos de carácter personal, definida como la revelación de datos a una persona distinta del interesado. Según el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, esta cesión solo puede realizarse con el consentimiento del interesado y para fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario.
El informe analiza la Ley General Tributaria (Ley 58/2003) como posible amparo legal para la cesión de datos salariales. El artículo 93.1 de esta ley establece que las personas físicas o jurídicas deben proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos con trascendencia tributaria. Esto incluye a las Haciendas Locales, que ostentan las mismas prerrogativas que la Hacienda Estatal para la cobranza de tributos y la aplicación de normas de protección de datos.
Sin embargo, el informe concluye que solo la Administración Tributaria y los tribunales encargados de las ejecuciones dinerarias pueden solicitar esta información sin el consentimiento de los afectados. Esto se basa en el artículo 93 de la Ley General Tributaria y en los artículos 590 y 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obligan a todas las personas y entidades a colaborar en las actuaciones de ejecución y a entregar los documentos y datos que tengan en su poder.
Por lo tanto, la cesión de información salarial puede realizarse sin el consentimiento de los afectados únicamente a la Administración Tributaria y a los tribunales en el marco de ejecuciones dinerarias. Otras entidades no pueden solicitar esta información directamente, sino que deben hacerlo a través de mandamientos judiciales. Este informe subraya la importancia de respetar las normativas de protección de datos y las excepciones legales que permiten la cesión de información en casos específicos.