AEPD sanciona a Hotel Urso por incumplir el derecho de acceso a datos personales de un cliente afectado por un robo

Resolución TD-01352-2018
Firmado 2019-02-06T00:00:00Z
Enlace 📋

En el expediente TD/01352/2018, D. A.A.A. presentó una reclamación contra HOTEL URSO, S.L. por no haber atendido adecuadamente su solicitud de acceso a sus datos personales. El reclamante, representado por un despacho de abogados, había solicitado en varias ocasiones, tanto por correo electrónico como por burofax, el acceso a información relacionada con su estancia en el hotel, donde sufrió un robo. Sin embargo, el hotel no respondió a estas solicitudes, alegando que no reconocía los poderes de representación presentados por los abogados del reclamante.

El hotel argumentó que los poderes no incluían un apoderamiento expreso para actuar ante la autoridad de protección de datos, lo cual no es un requisito necesario para atender el derecho de acceso. La normativa de protección de datos establece que el responsable del tratamiento debe facilitar al interesado el ejercicio de sus derechos, incluyendo el derecho de acceso, en un plazo de un mes desde la recepción de la solicitud. Además, si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud, debe informar al interesado de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación.

La resolución estima la reclamación y ordena a HOTEL URSO, S.L. que, en un plazo de diez días hábiles, remita al reclamante una certificación en la que conste que ha atendido el derecho de acceso o, en su defecto, se deniegue motivadamente indicando las causas por las que no procede atender la petición. El incumplimiento de esta resolución podría comportar una infracción tipificada en la normativa de protección de datos, que se sancionaría conforme a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La resolución también aclara que la autoridad de protección de datos no es competente para dirimir cuestiones civiles o contractuales, como la validez de contratos o la correcta prestación de servicios, y que estas deben ser resueltas por los órganos administrativos o judiciales correspondientes.