| Resolución | REPOSICION-PS-00149-2024 |
| Firmado | 2025-07-18T00:00:00Z |
| Enlace | 📋 |
La decisión se refiere a un recurso de reposición interpuesto por INFORMA D&B, S.A. contra una resolución que le impuso dos sanciones administrativas por un total de 1.800.000 euros. Las sanciones se debieron a infracciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) relacionadas con el tratamiento de datos personales de empresarios individuales.
La primera infracción se refiere al artículo 6.1 del RGPD, que establece que el tratamiento de datos personales debe basarse en una de las seis bases legales específicas. En este caso, INFORMA argumentó que el tratamiento de los datos estaba amparado en el interés legítimo, pero la resolución determinó que no se había realizado una ponderación adecuada de los intereses en conflicto, ni se habían implementado las garantías necesarias para proteger los derechos de los afectados.
La segunda infracción se relaciona con el artículo 14 del RGPD, que obliga a informar a los interesados sobre el tratamiento de sus datos personales cuando estos no se han obtenido directamente de ellos. INFORMA alegó que había publicado su política de privacidad en su sitio web, pero la resolución consideró que esta medida no era suficiente para garantizar que los interesados tuvieran conocimiento del tratamiento de sus datos.
La resolución desestimó el recurso de reposición, manteniendo las sanciones impuestas. Se argumentó que INFORMA no había aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que justificaran una reconsideración de la resolución original. Además, se destacó que la empresa no había demostrado que hubiera realizado una ponderación adecuada del interés legítimo ni que hubiera implementado las medidas necesarias para cumplir con el deber de información.
La decisión subraya la importancia de cumplir con las disposiciones del RGPD, especialmente en lo que respecta a la base legal para el tratamiento de datos y la obligación de informar a los interesados. Se enfatiza que las empresas deben realizar una evaluación exhaustiva de los intereses en conflicto y adoptar medidas adecuadas para proteger los derechos de las personas afectadas.