| Resolución | REPOSICION-PS-00135-2018 |
| Firmado | 2019-02-27T00:00:00Z |
| Enlace | 📋 |
La decisión se refiere a un recurso de reposición interpuesto por XFERA MÓVILES, S.A. (YOIGO) contra una resolución que le impuso dos sanciones de 40.000 euros cada una por vulnerar la normativa de protección de datos. La denuncia original fue presentada por una persona que alegó que sus datos personales fueron incluidos en ficheros de solvencia patrimonial sin su consentimiento y por una deuda que no le pertenecía.
La denunciante, A.A.A., descubrió que sus datos estaban en los ficheros de solvencia patrimonial ASNEF y BADEXCUG cuando le negaron una financiación en octubre de 2017. XFERA MÓVILES había registrado una deuda de 310,68 euros asociada a una línea de telefonía móvil que la denunciante negó haber contratado. La empresa argumentó que la contratación se realizó a través de internet y que se validó la identidad del contratante en el momento de la entrega del pedido, pero no pudo presentar pruebas documentales que respaldaran esta afirmación.
La resolución sancionadora determinó que XFERA MÓVILES no había cumplido con la diligencia debida para verificar la identidad del contratante y que, por lo tanto, no tenía legitimación para tratar los datos personales de la denunciante ni para incluirla en los ficheros de solvencia patrimonial. La empresa fue sancionada por tratar datos personales sin consentimiento y por vulnerar el principio de calidad de los datos.
En el recurso de reposición, XFERA MÓVILES argumentó que había implementado un protocolo de validación de identidad y que la falta de documentación se debía a que las empresas subcontratadas no habían proporcionado los albaranes de entrega. Sin embargo, la resolución desestimó estos argumentos, señalando que la carga de la prueba recaía sobre XFERA MÓVILES y que la empresa no había actuado con la diligencia necesaria para conservar la documentación requerida.
Finalmente, la resolución desestimó el recurso de reposición, confirmando las sanciones impuestas a XFERA MÓVILES por un total de 80.000 euros. La decisión subraya la importancia de que las empresas que tratan datos personales cumplan con las obligaciones legales de protección de datos y