| Resolución | REPOSICION-AI-00397-2023 |
| Firmado | 2025-08-31T00:00:00Z |
| Enlace | 📋 |
El expediente N.º EXP202313405 se refiere a una reclamación presentada por D.D.D. contra tres entidades: GESTORÍA A.A.A., S.L., PRETTYPRIMECARS, S.L. y RENTASOL RED, S.L. La denuncia se basa en la alegación de que sus datos personales, incluyendo DNI y dirección, fueron utilizados sin su conocimiento ni consentimiento para la matriculación de un vehículo.
El reclamante afirma que la GESTORÍA solicitó la matriculación del vehículo el 19 de mayo de 2022, utilizando sus datos personales. Además, menciona que recibió una notificación de la Agencia Tributaria reclamando un impuesto de matriculación por un coche del que no es titular, lo que le hizo consciente del uso fraudulento de sus datos. El reclamante aportó documentación que incluye copias de la solicitud de matriculación, formularios de autoliquidación de impuestos y mensajes de WhatsApp y correos electrónicos con las empresas implicadas.
La GESTORÍA respondió a la reclamación alegando que actuó con base en un mandato de representación firmado por el reclamante, autorizando a una gestora a realizar trámites en su nombre. Sin embargo, el reclamante niega haber firmado dicho documento y afirma que su firma fue falsificada. La GESTORÍA también negó conocer a PRETTYPRIMECARS y declaró que RENTASOL fue quien encargó la matriculación.
Durante la investigación, se solicitó información a PRETTYPRIMECARS y RENTASOL, pero ambas entidades no respondieron a los requerimientos. La GESTORÍA reiteró su versión y aportó documentación adicional que, según ellos, acreditaba la legalidad de sus acciones.
La resolución inicial determinó que no se había acreditado un tratamiento ilícito de datos personales, ya que la GESTORÍA actuó con base en un mandato de representación firmado por el reclamante. Además, no se pudo constatar la implicación de PRETTYPRIMECARS u otra entidad en un eventual uso indebido de los datos.
El recurso de reposición presentado por D.D.D. fue desestimado, ya que no se aportaron nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitieran reconsiderar la validez de la resolución inicial. La decisión se basa en la