| Resolución | PS-00512-2025 |
| Firmado | 2026-03-21T00:00:00Z |
| Enlace | 📋 |
Resumen del procedimiento (EXP202406777)
El procedimiento sancionador se inició tras una reclamación presentada por un ciudadano danés (A.A.A.) que acusó a Orange Espagne, S.A.U. de incumplir normas de protección de datos. El reclamante denunciaba que, desde 2023, recibía facturas de la marca Jazztel (subsidiaria de Orange) a su correo electrónico, asociadas a otra persona (B.B.B.) con la que no tenía relación. Además, solicitó la supresión de sus datos personales en diciembre de 2023, pero siguió recibiendo comunicaciones similares meses después.
Hechos imputados y reclamación:
Infracción del principio de exactitud (Artículo 5.1.d) del RGPD): Orange admitió que, por un error manual al contratar un servicio en 2022, asoció incorrectamente el correo electrónico del reclamante al perfil de B.B.B. Aunque alegó un «error puntual», no implementó controles para evitarlo. El dato inexacto se mantuvo en sus sistemas hasta marzo de 2025, cuando fue sustituido por otro temporal.
Vulneración del derecho de supresión (Artículo 17 del RGPD): El reclamante solicitó en diciembre de 2023 la eliminación de sus datos, pero Orange no atendió debidamente la solicitud hasta más de dos años después (mayo de 2025), cuando la agencia intervinó. Además, Orange comunicó erróneamente al reclamante que su petición había sido resuelta en enero de 2024.
Sanción:
La autoridad de control propuso inicialmente multas por un total de 25.000€ (15.000€ por la infracción de exactitud y 10.000€ por la vulneración del derecho de supresión), al considerar:
La negligencia grave de Orange por no verificar datos básicos y no actuar con diligencia tras la reclamación.
La duración prolongada del incumplimiento (más de dos años).
Antecedentes de infracciones similares en la empresa.
El impacto en los derechos del afectado, cuya privacidad quedó comprometida.
Finalmente, Orange reconoció su responsabilidad y realizó un pago voluntario de 15.000€ (aplicando reducciones del 40% por pago anticipado y reconocimiento de culpa), lo que llevó a la finalización del procedimiento. La multa se justifica por la gravedad de las infracciones y la falta de diligencia en garantizar derechos fundamentales como la exactitud de los datos y el derecho a la supresión.