| Resolución | PS-00495-2023 |
| Firmado | 2025-08-29T00:00:00Z |
| Enlace | 📋 |
El procedimiento sancionador se inició debido a la denuncia de varios vecinos de la urbanización de Torremirona, quienes reclamaron contra la Entidad de Conservación Torremirona (ECT) por la instalación de un sistema de videovigilancia en la vía pública sin la autorización administrativa correspondiente. Los vecinos alegaron que las cámaras grababan permanentemente y de manera ininterrumpida imágenes de la vía pública y de todos los vecinos que transitaban por las calles afectadas, lo que implicaba un control excesivo y una invasión de la privacidad.
La denuncia se basó en que la ECT había instalado 14 cámaras de videovigilancia en la vía pública, controlando permanentemente a todas las personas que transitaban por las calles y las que entraban y salían de las viviendas ubicadas dentro del campo de visión de las cámaras. Además, se señaló que la Entidad de Conservación había caducado en el año 2017 sin que el Ayuntamiento la hubiera renovado.
La ECT reconoció la instalación de 28 cámaras reales operativas y 12 cámaras ficticias, y explicó que las imágenes grabadas se guardaban durante un período máximo de 30 días y solo se visualizaban en casos de incidentes de seguridad. Sin embargo, se observó que algunas cámaras obtenían imágenes más allá de los límites de la urbanización, grabando transeúntes, vehículos y viviendas familiares situadas dentro del complejo, lo que se consideró desproporcionado y excesivo.
La infracción se tipificó como una vulneración del principio de minimización de datos y de la normativa sobre videovigilancia en espacios públicos. La sanción propuesta inicialmente fue de 5.000 euros, pero se redujo a 3.000 euros debido al reconocimiento de responsabilidad y al pago voluntario por parte de la ECT. Además, se ordenó a la ECT adoptar medidas para ajustar su actuación a la normativa, como la retirada o desinstalación de algunas cámaras que resultaran excesivas o desproporcionadas. La resolución declaró la terminación del procedimiento y la imposición de las medidas correspondientes.