| Resolución | PS-00348-2018 |
| Firmado | 2019-02-14T00:00:00Z |
| Enlace | 📋 |
El procedimiento sancionador se inició tras una denuncia presentada por A.A.A. contra Sánchez Joyeros Tempo 2016 S.L. La denuncia alegaba la instalación de una cámara de videovigilancia en la fachada del establecimiento, que captaba imágenes de personas y vehículos que circulaban por la acera y la calzada, vulnerando así el derecho a la intimidad.
La empresa fue requerida para que acreditara que la instalación de la cámara cumplía con la normativa de protección de datos y que estaba debidamente señalizada. Sánchez Joyeros respondió con documentación que indicaba la baja de la actividad del establecimiento, pero se comprobó que el negocio seguía operativo. Posteriormente, el administrador de la empresa informó que la cámara había sido retirada y aportó una fotografía que lo confirmaba.
La infracción se imputó al artículo 5.1 c) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que establece que los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Además, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) especifica que las cámaras de videovigilancia no pueden captar imágenes de personas que se encuentren fuera del espacio privado sin el consentimiento correspondiente.
Dado que la empresa había retirado la cámara y no se habían producido daños significativos, se consideró que la infracción era leve. Por ello, se impuso una sanción de apercibimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 58.2 b) del RGPD. Este tipo de sanción se utiliza cuando la infracción es leve o cuando la multa que se impondría constituiría una carga desproporcionada para la persona física involucrada. En este caso, se tuvo en cuenta la ausencia de intencionalidad, la colaboración de la empresa en la solución del problema y las medidas adoptadas para corregir la infracción.