| Resolución | PS-00121-2018 |
| Firmado | 2018-06-27T00:00:00Z |
| Enlace | 📋 |
En el procedimiento sancionador PS/00121/2018, se denunció que dos cámaras de videovigilancia instaladas en la terraza privativa de Don C.C.C. estaban enfocadas hacia las ventanas de los vecinos, sin contar con la autorización de la Comunidad de Propietarios. La denuncia fue presentada por la Comunidad X.X.X., que alegaba que estas cámaras vulneraban la intimidad de los residentes.
La investigación reveló que, a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones, Don C.C.C. no había retirado ni reorientado las cámaras de manera adecuada. Además, no se había proporcionado la documentación necesaria que acreditara la autorización de la comunidad para la instalación de estas cámaras. La comunidad de propietarios insistió en que no se les había otorgado permiso para la instalación de las cámaras en el patio, lo que afectaba directamente a los derechos de los demás propietarios.
Don C.C.C. argumentó que las cámaras estaban orientadas hacia su propia terraza y que había cumplido con las resoluciones anteriores. Sin embargo, las pruebas presentadas demostraron que al menos una de las cámaras estaba enfocada hacia las ventanas de los vecinos, afectando su derecho a la intimidad.
La sanción impuesta se justificó por la reiterada infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que establece que el tratamiento de datos personales requiere el consentimiento inequívoco del afectado. La instalación de las cámaras sin la debida autorización y orientadas hacia zonas privadas de los vecinos constituyó una vulneración grave de este derecho.
La sanción impuesta fue de 3.000 euros, considerando el carácter continuado de la infracción, la existencia de procedimientos previos en los que ya se había apercibido al denunciado, y los perjuicios ocasionados a los vecinos, quienes se sintieron intimidados por el sistema de videovigilancia. Además, se ordenó a Don C.C.C. que adoptara las medidas necesarias para cesar en la afectación del derecho de los vecinos o hasta que existiera un pronunciamiento judicial favorable a sus intereses.