| Resolución | PS-00050-2019 |
| Firmado | 2019-07-12T00:00:00Z |
| Enlace | 📋 |
En febrero de 2018, la Policía Local del Ayuntamiento de Tarrasa denunció la presencia de una cámara de video-vigilancia en un domicilio donde se ofrecían servicios sexuales. La cámara estaba instalada en el pasillo, permitiendo el control de las trabajadoras del lugar. La denuncia se basó en la falta de información a las empleadas sobre el tratamiento de sus datos personales y la ausencia de un cartel informativo sobre la grabación.
La instalación de la cámara se consideró una vulneración del principio de minimización de datos, establecido en el artículo 5.1.c del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Este principio exige que los datos personales sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines del tratamiento. La cámara, al estar orientada hacia zonas reservadas y sin informar a las empleadas, afectaba su intimidad y derechos de privacidad.
El responsable de la instalación, identificado como Don A.A.A., no proporcionó ninguna explicación ni justificación para la presencia de la cámara. Además, no se informó a las empleadas sobre sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales, lo que agravó la infracción.
Dado que no se presentó ninguna alegación por parte del denunciado y se confirmaron los hechos mediante pruebas fotográficas y testimonios de las fuerzas de seguridad, se procedió a imponer una sanción. La conducta del denunciado se consideró dolosa, ya que era consciente de la ilegalidad de la instalación de la cámara y no colaboró con las autoridades para mitigar los efectos adversos.
La sanción impuesta fue de 9.000 euros, atendiendo a la gravedad de la infracción y la falta de colaboración del denunciado. Además, se ordenó la retirada inmediata de la cámara y se advirtió al sancionado sobre la necesidad de cumplir con la normativa de protección de datos personales.