Informe	2022-0034
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El informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sobre el anteproyecto de ley de empleo aborda diversas cuestiones relacionadas con la protección de datos personales y la conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). A continuación, se presenta un resumen de los puntos más relevantes del informe.

El anteproyecto tiene como objetivo promover y desarrollar la política de empleo en España, garantizando servicios públicos de empleo eficientes y una adecuada cartera de servicios para personas y entidades demandantes. La ley busca mejorar la empleabilidad, reducir el desempleo y fomentar la cohesión social y territorial. Para ello, se establece un Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo, que permitirá la interoperabilidad y el intercambio de datos entre diferentes administraciones y entidades.

Uno de los principales problemas identificados por la AEPD es la base jurídica para el tratamiento de datos personales. El informe destaca que el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental y que cualquier injerencia en este derecho debe estar prevista en una ley o norma de la Unión Europea, respetando el principio de proporcionalidad. La AEPD considera que la base jurídica propuesta en el anteproyecto, basada en el cumplimiento de una misión de interés público, no es suficiente para justificar el tratamiento de datos de categorías especiales, como los datos relativos a la salud, el origen étnico o la orientación sexual.

El informe también subraya la necesidad de que la ley establezca garantías adecuadas para la protección de los derechos fundamentales y los intereses de los interesados. Estas garantías deben asegurar la transparencia, la supervisión y la tutela judicial efectiva, y deben procurar que los datos no se recojan de forma desproporcionada ni se utilicen para fines distintos de los que justificaron su obtención. La AEPD sugiere que el legislador español podría tomar como modelo la Disposición Adicional cuarta de la Ley Orgánica 11/2021, de lucha contra el dopaje en el deporte, que contiene una regulación completa y específica para los tratamientos de datos personales.

Además, el informe aborda la cuestión de las cesiones de datos entre diferentes administraciones y entidades. La AEPD considera que el anteproyecto no establece claramente quién es el responsable de los tratamientos de datos ni las condiciones bajo las cuales se pueden realizar cesiones de datos. La AEPD sugiere que el legislador debe determinar específica y expresamente estas circunstancias en el anteproyecto, limitándolas a las cesiones y finalidades imprescindibles.

En cuanto a los tratamientos automatizados de datos, el informe destaca que el anteproyecto no establece expresamente las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades de los interesados. La AEPD sugiere que el legislador debe incluir en la ley garantías específicas, como el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar el punto de vista y a impugnar la decisión.

Finalmente, el informe aborda la modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) y del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. La AEPD considera que estas modificaciones deben concordarse con los preceptos del anteproyecto para evitar incongruencias y garantizar la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, el informe de la AEPD subraya la necesidad de que el anteproyecto de ley de empleo establezca bases jurídicas claras y suficientes para el tratamiento de datos personales, así como garantías adecuadas para la protección de los derechos fundamentales y los intereses de los interesados. La AEPD sugiere que el legislador debe determinar específica y expresamente las circunstancias bajo las cuales se pueden realizar cesiones de datos y tratamientos automatizados, y debe incluir en la ley garantías específicas para salvaguardar los derechos y libertades de los interesados.