| Informe | 2022-0007 |
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El informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se centra en la protección de datos personales en el contexto de un proyecto que establece bases de datos unificadas en materia agrícola y ganadera. Este proyecto debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), que requieren una base jurídica legítima para el tratamiento de datos personales.
El informe destaca que, aunque el proyecto menciona la Política Agrícola Común (PAC) y otras normativas europeas, no especifica claramente cuál es la norma con rango de ley que justifica los tratamientos de datos. Según el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cualquier injerencia en derechos fundamentales, como el derecho a la protección de datos, debe estar claramente establecida por una ley que defina el alcance y las garantías de dicha injerencia.
El informe también subraya que el acceso a los datos por parte de las Administraciones Públicas no puede basarse en un «interés legítimo» según el RGPD, sino que debe estar fundamentado en las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico. Además, se señala que las normas deben establecer reglas claras y precisas para garantizar la protección de los datos personales y cumplir con el principio de proporcionalidad.
En cuanto a los derechos de los interesados, el informe considera conforme el apartado del proyecto que explicita estos derechos, aunque no queda claro quién es el responsable del tratamiento. Se recuerda la obligación de llevar un registro de actividades de tratamiento y hacer público un inventario de estas actividades, conforme a lo establecido en el RGPD y la LOPDGDD.
En resumen, el informe subraya la necesidad de que el proyecto especifique claramente la base jurídica que legitima los tratamientos de datos y establezca garantías adecuadas para la protección de los datos personales, cumpliendo con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.