| Informe | 2018-0093 |
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El informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aborda las implicaciones en materia de protección de datos derivadas de las autorizaciones de concentración otorgadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a Gas Natural Distribución, S.A. para la adquisición de activos de gas licuado del petróleo de Repsol Butano, S.A. y Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U. Estas autorizaciones afectan a aproximadamente 262.000 puntos de suministro y plantean dudas sobre la legitimidad de ciertas comunicaciones de datos personales en el contexto del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entró en vigor el 25 de mayo de 2018.
El informe analiza dos consultas específicas:
Comunicación de datos a comercializadores de último recurso: Antes de la entrada en vigor del RGPD, esta comunicación estaba amparada por el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, debido a la obligación legal de los comercializadores de último recurso de asumir el suministro de gas a los consumidores que no hubieran elegido un comercializador de mercado. El informe concluye que, tras la aplicación del RGPD, esta comunicación sigue siendo lícita, ya que se basa en una obligación legal (artículo 6.1.c) del RGPD) y es necesaria para la ejecución de un contrato (artículo 6.1.b) del RGPD).
Comunicación de datos a comercializadores para ofertas comerciales: Anteriormente, esta comunicación estaba amparada por el principio de libre competencia en el mercado de comercialización de gas natural, establecido en la legislación sectorial. El informe determina que, bajo el RGPD, esta comunicación puede justificarse por el interés legítimo de los comercializadores (artículo 6.1.f) del RGPD) en garantizar la competencia en el mercado, sin que sea necesario recabar el consentimiento de los afectados.
En resumen, el informe jurídico de la AEPD concluye que las comunicaciones de datos personales planteadas en las consultas siguen siendo lícitas bajo el marco del RGPD, ya que se basan en obligaciones legales, la ejecución de contratos o intereses legítimos, sin necesidad de contar con el consentimiento previo de los interesados.