| Informe | 2018-0091 |
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El informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) analiza un proyecto de norma que desarrolla las leyes 39/2015 y 40/2015 en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. El informe destaca que estas leyes ya incluyen referencias explícitas a la necesidad de cumplir con la normativa de protección de datos en las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos.
El informe subraya la importancia de que las normas de desarrollo de estas leyes también cumplan escrupulosamente con la normativa de protección de datos, ya que de lo contrario podrían incurrir en causas de invalidez. Se recomienda que se mencione explícitamente el principio de actuación conforme a la normativa de protección de datos en el artículo 2 del proyecto de real decreto.
El informe también analiza varios artículos del proyecto de real decreto, destacando la necesidad de claridad y precisión en la redacción para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Por ejemplo, se recomienda que se aclare que el acceso de las Administraciones Públicas a ciertos registros debe ser para una finalidad legítima y en el ejercicio de sus competencias, y que no se permita un acceso indiscriminado a datos personales.
Además, el informe señala la necesidad de que las transmisiones de datos entre Administraciones Públicas cumplan con la normativa de protección de datos y se ajusten al principio de minimización de datos. También se recomienda que se especifique el destino de los documentos originales presentados por los interesados que no pueden ser devueltos inmediatamente.
En cuanto a las notificaciones electrónicas, el informe advierte que una persona que no esté obligada a recibir notificaciones por medios electrónicos no debería sufrir perjuicios si rechaza una notificación electrónica, a menos que haya tenido acceso al contenido de la misma.
Finalmente, el informe recomienda que se añada una disposición adicional que tenga en cuenta las especialidades propias de las actuaciones y procedimientos específicos de la Agencia Española de Protección de Datos, en línea con el proyecto de ley orgánica de protección de datos actualmente en tramitación parlamentaria. También se sugiere que se modifique el real decreto 4/2010 para garantizar que el acceso a los expedientes y documentos electrónicos entre las distintas administraciones o sus interesados sea eficiente y permita una búsqueda rápida de la información deseada.