El informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aborda la conformidad de la instalación de una cámara de videovigilancia en un garaje comunitario por parte de uno de los propietarios. La consulta se enmarca en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que establece las normas para el tratamiento de datos personales y su libre circulación.
El RGPD define «datos personales» como cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable. Esto incluye imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, ya que permiten identificar a individuos. Para que el tratamiento de estos datos sea conforme al RGPD, es necesario que el responsable del tratamiento esté legitimado según los criterios establecidos en el artículo 6.1 del RGPD.
En el caso específico, la instalación de la cámara por un propietario para vigilar varias plazas de garaje, tanto propias como ajenas, y parte de las zonas comunes, plantea varias cuestiones legales. La AEPD señala que la captación de imágenes en zonas comunes requiere la autorización de la comunidad de propietarios, conforme a la Ley de Propiedad Horizontal. Además, la captación de imágenes en plazas de garaje ajenas necesita la autorización de los propietarios de dichas plazas.
El informe subraya que la finalidad de la videovigilancia debe ser proporcional y limitada a lo estrictamente necesario para proteger los bienes del consultante. En este caso, la cámara no cumple con el criterio de proporcionalidad, ya que capta una amplia zona común y plazas de garaje ajenas, interfiriendo en los derechos de otros propietarios.
En conclusión, la instalación de la cámara no cumple con los requisitos legales establecidos por el RGPD y la Ley de Propiedad Horizontal. No se ha obtenido la autorización necesaria de la comunidad de propietarios ni de los propietarios de las plazas afectadas, y la captación de imágenes no es proporcional a la finalidad declarada. Por lo tanto, la instalación de la cámara en las condiciones descritas no es conforme a la normativa vigente.