El informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) analiza un Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 95/2009, el cual regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y crea el fondo documental de requisitorias. El informe se centra en tres modificaciones principales: la supresión del requisito de notificación al imputado para la incorporación de penas y medidas de seguridad impuestas por sentencias no firmes al Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes; la creación del Fondo Documental de Requisitorias; y la modificación del artículo 17.5 para incluir antecedentes del Registro Central del Estado de nacionalidad de ciudadanos de la Unión Europea.
En cuanto a la supresión del requisito de notificación, la AEPD considera que esta medida es coherente con la finalidad del Registro Central, que es asegurar el conocimiento de las medidas cautelares y requisitorias por parte de los órganos jurisdiccionales. Esto permite una aplicación adecuada de las normas penales y procesales, especialmente en relación con la prisión provisional y la determinación de penas. La AEPD concluye que esta modificación es conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.
Respecto a la creación del Fondo Documental de Requisitorias, el informe destaca que esta iniciativa está amparada por el artículo 516 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la inclusión de requisitorias en un sistema informático. La AEPD subraya que el acceso a este fondo estará limitado a los órganos judiciales y al personal autorizado, garantizando así la finalidad y conservación adecuada de los datos, conforme a los principios establecidos en la Ley Orgánica 15/1999.
Finalmente, la modificación del artículo 17.5 para incluir antecedentes del Registro Central del Estado de nacionalidad de ciudadanos de la UE se justifica por la Decisión Marco 2008/315/JAI del Consejo, que establece el intercambio de información de antecedentes penales entre los Estados miembros. La AEPD considera que esta modificación permite a los ciudadanos conocer mejor su estado de antecedentes penales, lo cual es conforme a la Ley Orgánica 15/1999.
En conclusión, la AEPD informa favorablemente sobre el Proyecto de Real Decreto, considerando que las modificaciones propuestas son conformes con la legislación vigente en materia de protección de datos.