El informe jurídico 0438/2012 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aborda la conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) respecto a la comunicación de datos de salud a la Jefatura Provincial de Tráfico. La consulta se centra en si es legal comunicar datos de personas con incapacidades físicas o psicológicas que mantienen su permiso de conducir, cuando dichas limitaciones impidan la conducción segura.
La AEPD destaca que los datos relacionados con la salud son considerados «sensibles» o «especialmente protegidos» debido a su impacto en la intimidad y libertades fundamentales. La LOPD establece un régimen especial para el tratamiento y comunicación de estos datos, permitiendo su uso solo en casos específicos y con garantías adicionales de seguridad y confidencialidad.
El informe subraya que, según el artículo 7.3 de la LOPD, los datos de salud solo pueden ser tratados y cedidos cuando lo disponga una ley por razones de interés general o con el consentimiento expreso del afectado. La LOPD también permite el tratamiento de estos datos en situaciones específicas, como la prevención o diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria, o cuando sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado.
En el caso concreto de la consulta, la AEPD analiza la posibilidad de que un profesional sanitario comunique datos de la historia clínica a la Jefatura Provincial de Tráfico. Según la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, el acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia debe preservar el anonimato del paciente, salvo consentimiento expreso o disposición judicial.
El informe concluye que, a falta de una norma con rango de ley que habilite la comunicación de estos datos por razones de interés público, la cesión solo sería conforme a la LOPD si se cuenta con el consentimiento expreso del interesado. Esto subraya la importancia de proteger los datos sensibles y garantizar que su tratamiento se realice de manera legal y ética, respetando siempre los derechos y la intimidad de las personas afectadas.