El Informe 0242/2008 del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aborda la conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) respecto al acceso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a los datos fiscales y laborales no solo de los solicitantes de subsidios por desempleo, sino también de los miembros de su unidad familiar.
El informe comienza recordando que la cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 j) de la LOPD, debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos establecido en el artículo 11 de la misma ley. Este régimen exige el consentimiento previo y suficientemente informado del interesado, salvo en casos excepcionales.
Una de las excepciones se encuentra en el artículo 11.2.a) de la LOPD, que permite la cesión de datos sin consentimiento cuando está amparada por una norma con rango de ley. En este caso, la Ley 56/2003 de Empleo, en su artículo 24, establece que los servicios públicos de empleo deben articular políticas activas de empleo en colaboración con los demandantes, considerando sus circunstancias profesionales y personales. Esto implica que el SEPE puede acceder a los datos del entorno familiar del solicitante para valorar las circunstancias concurrentes en cada caso.
Además, el informe destaca que la solicitud del subsidio por desempleo ya exige acreditar las rentas de los miembros de la unidad familiar. Esto se enmarca en el artículo 11.2.c) de la LOPD, que permite la cesión de datos sin consentimiento cuando el tratamiento responde a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo implica necesariamente la conexión con ficheros de terceros. En este contexto, el solicitante acepta que ciertos datos personales sean comunicados al SEPE para justificar su situación y obtener la ayuda pública.
En resumen, el informe concluye que el acceso del SEPE a los datos fiscales y laborales de los miembros de la unidad familiar del solicitante es conforme con la LOPD, ya que está amparado por la legislación vigente y se enmarca en una relación jurídica que requiere la comunicación de estos datos para la valoración y concesión del subsidio por desempleo.