| Informe | 2007-0117 |
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El informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con número 0117/2007 aborda la prevalencia en el ejercicio de derechos en relación con las imágenes captadas por cámaras instaladas en entidades financieras, como bancos y cajas de ahorro. La consulta se centra en determinar si los ciudadanos pueden acceder a estas imágenes, considerando las disposiciones del Real Decreto 2364/1994 y la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.
El informe comienza delimitando las circunstancias específicas del caso, destacando que las cámaras son de titularidad privada pero están sujetas a un mandato legal que las pone a disposición exclusiva de las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad. Este mandato se fundamenta en la Ley Orgánica 1/1992 de Seguridad Ciudadana, que permite la adopción de medidas de seguridad en establecimientos vulnerables.
El análisis se centra en la colisión entre el derecho de los ciudadanos a acceder a sus imágenes y el derecho a la seguridad pública. La AEPD revisa la normativa europea y nacional, incluyendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Directiva 95/46/CE, que permiten limitaciones al derecho de acceso a datos personales cuando es necesario para la seguridad pública.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español se utiliza para argumentar que los derechos fundamentales no son ilimitados y pueden ser restringidos para proteger otros bienes constitucionalmente protegidos. En este caso, la seguridad pública se considera un bien que justifica la limitación del acceso a las imágenes captadas por las cámaras de las entidades financieras.
El informe concluye que la denegación del derecho de acceso a estas imágenes es proporcional y justificada, ya que se fundamenta en la necesidad de proteger la seguridad pública. Además, los ciudadanos tienen la posibilidad de recurrir a la AEPD para asegurar la procedencia de la denegación, conforme al artículo 18.2 de la Ley Orgánica 15/1999.
En resumen, el informe jurídico de la AEPD establece que la limitación del derecho de acceso a las imágenes captadas por las cámaras de las entidades financieras es legítima y proporcional, dado que se fundamenta en la protección de la seguridad pública, un bien constitucionalmente protegido.